La Comisión Europea presentó ayer, tras semanas de indecisión, su propuesta para obligar por ley a los fabricantes de coches comunitarios a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Finalmente, la industria tendrá que hacer el mayor esfuerzo, creando vehículos que no superen los 130 gramos de CO2 por kilómetro; esta medida se verá complementada con una reducción de un 10% más, punto en el que tendrán que poner su granito de arena, entre otros, los Estados miembros. Bruselas defiende que se trata de un «enfoque integrado» que asegura tanto la competitividad de la industria europea como el respeto al medio ambiente, mientras que predice que los países más afectados serán España y el Reino Unido.
Tras semanas de discusiones, el Ejecutivo comunitario mantiene el objetivo inicial de reducir las emisiones medias de los vehículos a 120 gramos por kilómetro en 2012, cifra que supone una reducción del 25% respecto al nivel actual. Sin embargo, la propuesta ha sufrido modificaciones para respetar el «enfoque integrado», de modo que la industria no tenga que cargar con todas las consecuencias. Así, los fabricantes de coches deberán asegurar que las emisiones no sobrepasen los 130 gramos por kilómetro, en lugar de los 163 gramos de la media actual. El 10% restante se conseguirá a base de otras medidas como el uso de biocarburantes o mejoras en los sistemas de aire acondicionado y los neumáticos, con vistas a mejorar la eficiencia energética.
Para el comisario europeo de Empresa e Industria, Günter Verheugen, el problema al que se enfrentaba la UE -por el que la discusión se ha alargado durante semanas- era compatibilizar la protección del medio ambiente con el liderazgo de la UE en materia de innovación y la protección de los puestos de trabajo de la industria automovilística. El titular comunitario asegura que la solución que propone la Comisión Europea respeta el equilibrio entre estos tres factores, a la vez que es «técnicamente viable» y que sus consecuencias pueden ser asumidas.
El titular invita a la industria a ver la propuesta como un «reto», más que como una «carga», y a pensar que pueden estar a la altura de las circunstancias, tanto por «posibilidades» técnicas como por «capacidad». El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, también defiende la propuesta hecha pública hoy calificándola de «ambiciosa, factible y pragmática» y explicando que los consumidores saldrán también ganando ya que, aunque los vehículos se encarezcan, los costes se contrarrestarán con el ahorro en carburantes.
Presión costes
Así y todo, Verheugen reconoce que la nueva legislación provocará un aumento en los costes de fabricación, algo que, según el titular, no supondrá ningún problema para los fabricantes alemanes -los primeros en criticarla-, que podrán asumir el coste, pero sí para la industria especializada en la producción de vehículos pequeños y medianos, como es el caso del Reino Unido y España.
El esfuerzo será menor para las marcas europeas porque no contaminan tanto como las asiáticas o americanas. Aún así, Bruselas reconoce que la adaptación supondrá un sobrecoste de 3.000 euros por coche.
Los fabricantes recuerdan que ya se han intentado introducir, con poco éxito, coches que contaminen menos porque también son menos potentes. Además la preocupación entre los conductores por este tema es más que relativa. De todas formas, la nueva ley no afectará al actual parque automovilístico.
La propuesta definitiva, a finales de 2007, marcará objetivos diferenciados de reducción de CO2 por categorías, modelos y tipos de vehículos. El comisario asegura que es este punto el que no ha sido comprendido del todo y por el que principalmente se ha levantado la polémica durante estos días. Así se podrá garantizar la diversidad dentro de la industria y que se cumplan los objetivos de producción.
En este sentido también tendrán algo que decir los Estados miembros, a los que el Ejecutivo comunitario insta a poner en practica incentivos tributarios, gestionar el tráfico, remodelar infraestructuras y concienciar a los ciudadanos, para que la estrategia pueda cumplir con sus objetivos.
Enfoque integrado
La propuesta sobre emisiones de CO2 es una parte de la estrategia aprobada y presentada ayer por la Comisión Europea con vistas a asegurar la viabilidad de la industria automovilística europea a largo plazo. Para que los consumidores puedan seguir apostando por los productos comunitarios y permitirse pagar los precios. El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, ha destacado el papel esencial que desempeña el sector en la economía de la UE que representa el 3% del Producto Interior Bruto.
La estrategia, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono, contempla medidas para eliminar las barreras administrativas y el gran número de reglamentos a los que se tiene que someter el sector; otras para contribuir a la seguridad en las carreteras, combinando el uso de nuevas tecnologías con la concienciación de los ciudadanos; propuestas para tener en cuenta el potencial de los acuerdos bilaterales de comercio (sobre todo con Asia) en cuanto al uso de derechos mundiales de propiedad intelectual; y, por último, animar a investigar en el terreno de los combustibles renovables y coches inteligentes.
La Comisión Europea publicó ayer mismo una comunicación en la que detalla estas medidas, fruto de las consultas públicas con la industria y otras partes interesadas en el sector. En todo caso, habrá que esperar para ver los efectos reales de la propuesta de la Comisión, incluso en el caso de que salga adelante, ya que la flota europea tardará 12 años -desde el momento en que la norma entre en vigor- en renovarse. Por lo tanto, hasta el 2024 no podrá comprobarse si los vehículos comunitarios son los «mejores, más seguros y más limpios», como hoy asegura la Comisión Europea.
Fuente: micoche.com